Ante la posición del grupo municipal del PSOE del Ayuntamiento de Alcoi, que con la complicidad del Partido Popular pretende privatizar el servicio de abastecimiento de agua potable de nuestra ciudad, diversas personas y entidades alcoyanas alarmadas por esta noticia hemos constituido una Iniciativa Ciudadana por la Gestión Pública del Agua.

Esta Iniciativa Ciudadana nace con el compromiso de informar a los ciudadanos y ciudadanas de las negativas repercusiones que supondría la privatización de este servicio esencial, y de llevar adelante una campaña para exigir la paralización de este proceso y la exigencia de un servicio de abastecimiento de aguas público y de calidad.

Son muchos y importantes los argumentos que desaconsejan privatizar la gestión del servicio municipal de aguas. Sólo con la implicación del conjunto de nuestra sociedad podremos impedir que el Ayuntamiento de Alcoi lleve a cabo esta privatización, contraria a los intereses del pueblo y que hipotecaría por décadas el control social de un recurso tan vital como el agua.
 

	El agua, esencia de la vida, en el punto de mira de la especulación
	El agua no puede ser una mercancía
	¿Quién pagará la privatización?
	El porqué de la situación actual
	Una decisión antidemocrática y oscura
	Pan para hoy, hambre para mañana
	¿Qué política de aguas necesitamos?

El agua, el gran tesoro de la Tierra y de la humanidad, esencial para la vida, en nada puede ser comparada a ningún otro recurso natural. El agua constituye, por encima de todo, un bien de consumo básico universal, indispensable para la ingesta humana y elemento irrenunciable del confort doméstico y de la calidad de la vida urbana. Pero, además, el agua es una necesidad insubstituible para una parte importante de las actividades productivas y para el sostenimiento de la biodiversidad, la belleza del paisaje, la calidad ambiental, la oferta lúdica y el bienestar general.

El hecho de ser un recurso limitado y cada vez más escaso, y por tanto más codiciado, ha generado a su alrededor negocios de un alcance inimaginable, con unos beneficios crecientes y con expectativas de generar más rendibilidad a corto plazo.

Si bien el control del agua ha generado de siempre intereses de poder, actualmente se constata una especial prisa por el control privado de este recurso, que se encuentra, cada día más, en el punto de mira de los intereses especulativos.
 

El agua, por su importancia, no puede estar expuesta a ciertas presiones, reglas y leyes del mercado como ocurre con los otros recursos naturales. No es éticamente aceptable una política y una economía que permiten a individuos privados sacar beneficios a partir de un bien patrimonial común, social, vital, no substituible. Si puede haber ganancias económicas de la gestión del agua, ¿no deberían destinarse hacia un beneficio colectivo, social, común, en interés del conjunto de la población y de las generaciones futuras?

El pueblo ha de garantizarse el buen uso del agua frente a las apetencias productivas y especulativas que despierta. Muchas veces los intereses económicos de una empresa privada no coinciden con los del bienestar del conjunto de la sociedad. Nunca se ha de olvidar que, tanto en este sector como en qualquier otro, el objetivo que guía las actuaciones de las empresas privadas es su beneficio económico, mientras que en las empresas públicas la rentabilidad económica debe ser compatible con los objetivos sociales y ambientales.

Sólo una gestión pública y de calidad del servicio de abastecimiento de agua puede ofrecer todas las garantías para que un bien tan importante como éste se gestione con criterios de interés público.
 

Mientras que un ayuntamiento no puede hacer negocio del agua, ya que sólo ha de cobrar los costes de mantenimiento y mejora del servicio, está claro que una empresa privada, si entra en este negocio, no es por altruismo, sino para obtener la mayor rentabilidad económica posible. Dicho de otra manera, ese beneficio privado ha de salir del bolsillo de los ciudadanos, mediante el recibo del agua.

La preocupación en este aspecto está más que justificada si atendemos a los resultados de las dos experiencias de privatización del agua más importantes del mundo: Francia y el Reino Unido.

En Francia, donde la distribución del agua potable a la mayor parte de la población está en manos de empresas privadas y donde sólo tres grandes empresas controlan el mercado de su distribución, el precio del agua no ha hecho más que aumentar. Según un informe del parlamento francés de 1994, entre 1990 y 1994 el aumento medio ha sido del 50 % (en París el precio ha aumentado un 154%, pero hay ciudades donde el precio se ha triplicado —caso de Grenoble).

El mismo informe compara los precios del agua en municipios donde la gestión es directa con el de las ciudades donde la gestión está privatizada. Los resultados son contundentes cuando analiza 40 ciudades de más de 10.000 habitantes: de las 20 ciudades donde el agua es más cara, 17 se encuentran en régimen de distribución privada; y a la inversa, entre las 20 ciudades menos caras, 13 tienen gestión pública.

En cuanto al Reino Unido, el precio del agua ha aumentado un 55% entre 1990 y 1994, pero el servicio no ha mejorado: las averías continúan siendo frecuentes y las pérdidas causadas por las fugas en las canalizaciones alcanzan el 30%.
 

Actualmente el Servicio de Aguas Potables del Ayuntamiento de Alcoi no es económicamente deficitario. Un informe de abril de 1999 facilitado por el Ayuntamiento, la autoría del cual es desconocida, calcula que el servicio tiene un superàvit de más de 38 millones de pesetas anuales (que muy probablemente es superior, ya que se trata de un informe tendencioso y falaz, favorable a la privatización).

No obstante, el servicio presenta deficiencias importantes respecto a las pérdidas del sistema (más de un 40%), en las cuales se incluyen las fugas de la red, las conexiones ilegales, el consumo de servicios municipals (riego de jardines, limpieza de calles, fuentes...) y de edificios públicos —que no se miden—, y sobre todo los errores y averías en contadores.

Estas deficiencias no se pueden imputar de ninguna manera a los trabajadores del servicio, ya que su profesionalidad ha podido garantizar que el suministro a los ciudadanos en el día a día haya sido correcto.

En cuanto a las mejoras en la red de almacenamiento y distribución del agua, el concejal del PSOE Anselmo Mataix reconocía recientemente que no han estado entre las prioridades de inversión en los últimos años. No obstante, también hay que recordar que a partir del momento en el que el ayuntamiento recuperó la gestión directa del servicio, se hicieron importantes inversiones (nuevos pozos, reestructuración de buena parte de la red de tuberías, construcción de galerías, nuevos depósitos, etc.), que mejoraron el servicio en relación con la situación precedente, en la que la gestión era privada.

De todas formas, se han descuidado de forma incomprensible algunas propuestas dirigidas a mejorar la eficiencia del servicio de abastecimiento de aguas, algunas de las cuales requerían pocas inversiones. Es el caso de los contadores de agua, que en la actualidad se encuentran en un estado lamentable a causa de la falta de un adecuado mantenimiento, lo que origina importantes pérdidas en la facturación (que pueden representar un 33% del total de las pérdidas del sistema). Esta situación se hubiera podido solucionar con un mínimo esfuerzo económico, que se habría rentabilizado rápidamente, facilitando así nuevas inversiones de mejora del servicio.

La única razón que puede explicar esta dejadez es la voluntad de deteriorar la situación económica del servicio de aguas a fin de poder facilitar su posterior privatización.
 

Durante la campaña para las últimas elecciones municipales, el PSOE local en ningún momento mencionó su intención de privatizar la gestión del abastecimiento de agua. Sin embargo, cuando aún no ha pasado ni un año, el grupo municipal del PSOE pretende aprobar esta privatización, con prisas y sin el debate social y político que una decisión de esta trascendencia requiere.

La ocultación del PSOE local de su propósito, tanto a los votantes socialistas como al resto de la sociedad, representa una actitud claramente antidemocrática: un partido votado para sólo cuatro años, que no incluía esta privatización en su programa, quiere comprometer la gestión del agua por un periodo de hasta 25 años, decidiendo así en nombre de futuros gobiernos municipales y, incluso, de generaciones futuras.

El informe parlamentario francés citado más arriba, incide en la poca transparencia que ha caracterizado en el estado vecino las condiciones de adjudicación de las concesiones de gestión y en los numerosos escándalos de corrupción que desde hace años han puesto en duda la credibilidad de este modelo.

No hay que malpensar demasiado para ver que tras la decisión del PSOE local están pesando, más que los intereses del conjunto de la sociedad, los intereses de algunas sociedades anónimas. De hecho, la política municipal, en diversos aspectos, parece que cada día está más condicionada por influyentes grupos económicos locales, que cuentan con el decidido apoyo de la alcaldía.
 

Uno de los principales "argumentos" que utiliza el PSOE local para tratar de justificar esta privatización es la necesidad de conseguir recursos económicos para cuadrar los presupuestos municipales. Esta estrategia es económicamente insostenible a medio plazo: hace poco fueron los autobuses, ahora quieren privatizar la gestión del agua y ya se habla de la privatización de servicios como el cementerio. Pero, ¿cómo cuadraremos los presupuestos cuando no quede nada para privatizar o para vender?

La obligación de un gobierno municipal es reclamar una mejor financiación de los ayuntamientos por parte de las arcas estatales, más aún cuando los ayuntamientos –como administraciones más próximas a los ciudadanos– cada día han de satisfacer mayores demandas de la sociedad. Pero mientras no se consiga un modelo de financiación satisfactorio, es evidente que hay que establecer prioridades, pero de ninguna manera utilizar el recurso fácil de la privatización de servicios esenciales.
 

Cada día nuestra sociedad es más consciente de que el agua es un bien escaso, en cantidad y calidad, que requiere una nueva forma de gestión dirigida a la conservación del recurso. No se puede seguir contemplando el abastecimiento de aguas como una actividad que se limita a la extracción y distribución de agua potable, desentendiéndose del destino y la manera como se utilizan los caudales que suministra.

La clave de una adecuada política de aguas urbanas está en utilizar diversos instrumentos que permiten potenciar el ahorro y el uso racional del agua, de manera que con técnicas y prácticas apropiadas se obtengan los mismos servicios pero con un consumo menor (ejemplos hay para todos los gustos: cisternas que limpian el WC con un consumo de agua mucho menor, lavadoras y lavavajillas más eficaces...).

Entre los instrumentos principales destacan la participación, concienciación y educación ciudadana; el incremento de los rendimientos de la red de distribución; las mejoras de eficiencia en los puntos de uso; el ajuste de la calidad de agua a las exigencias de cada uso (por ejemplo, no se necesita la misma calidad para beber o cocinar que para limpiar las calles); la reutilización de las aguas depuradas en sustitución de algunos usos urbanos y industriales que exigen menor calidad; y el desarrollo de nuevas estructuras tarifarias.

En cuanto a la cuestión de las tarifas, la finalidad ha de ser conciliar la disuasión de usos despilfarradores y la moderación general de los consumos, con la garantía de un nivel básico de dotación doméstica a precios asequibles para todos los estratos sociales.

Una política de aguas como la que proponemos permite reducir las inversiones públicas en infraestructuras hidráulicas, consiguiendo un precio del agua altamente competitivo que permite abaratar el suministro básico al conjunto de los usuarios, mejorar el servicio y reducir la presión sobre los recursos naturales de agua.

Pero si la gestión del agua se privatiza, cualquier política tendente a la disminución del consumo entra en contradicción con los intereses de la empresa concesionaria, ya que sus beneficios dependen de la facturación de la mayor cantidad posible de agua.

Además, la privatización del agua en Alcoi impediría que se pudiera llevar adelante una gestión pública supramunicipal —comarcal o al menos con los ayuntamientos vecinos de Cocentaina y Muro— que, con un mayor grado de especialización técnica y humana, posibilitaría abaratar costes y mejorar la eficiencia sin desentenderse del control directo de la gestión.