MESA REGIONAL – RED DE HERMANDAD

Barranca cuenta una semana con la presencia de un grupo interinstitucional de investigación de alto rango, conformado por el director nacional de DDHH de la Fiscalía General de la Nación, varios fiscales, hombres del DAS e investigadores del CTI. El grupo recibe apoyo económico por parte de la embajada de los Países Bajos y pretende investigar casos de violaciones a los DDHH en la ciudad y la región del Magdalena Medio.

La Delegada Especial para los Defensores de los Derechos Humanos del Secretario General de las Naciones Unidas, Hila Jilani viene a la ciudad para entrevistarse con el alcalde, el comandante de la Policía y con representantes de varias organizaciones sociales con el fin de conocer la realidad en materia de violencia contra los defensores de los DDHH.

En la mañana, las AUC reúnen a los conductores de chalupas que trabajan entre Barranca y el valle del río Cimitarra en el barrio El Arenal y les amenazan a que no puedan transportar a personas hacia el valle. Con esta amenaza la crisis humanitaria que ya viven más de tres mil familias en esa región a raíz del bloque económico por parte de los paramilitares se agrava más.

Con ocasión del paro cívico nacional convocado por las centrales sindicales, en Barranca se reúnen entre 500 y 700 personas, entre miembros de varios sindicatos y organizaciones sociales, en una marcha por las principales calles de la ciudad. Protestan contra las reformas laborales, las detenciones de los seis sindicalistas de la USO y "el silencio cómplice" del alcalde frente a los asesinatos cometidos por los paramilitares.

Con un acto litúrgico y de recuerdo a los compañeros que dejaron en el camino, los desplazados de la Ciénaga del Opón, albergados todavía en condiciones poco dignas en una antigua escuela, conmemoran su desplazamiento hacia Barranca a causa de una incursión de los paramilitares hace un año.

Como cada jueves, se reúne el Comité Municipal de Atención a la Población Desplazada. Como en reuniones anteriores el tema principal es la preparación del retorno de los desplazados de la Ciénga del Opón. Y como en reuniones anteriores, no aparecen los representantes de las autoridades civiles y de seguridad autorizados para tomar decisiones (Defensoría, Personería, Alcaldía, Oficina de Paz y Convivencia, Ejército), sino delegados sin autorización de firmar que además cambian con frecuencia. Aparte de esa muestra de falta total de voluntad política, responsabilidad y respeto por parte de las autoridades para con la comunidad desplazada, la ausencia de hoy pone en grave peligro el convenio entre la comunidad, el Programa Mundial de Alimentos y la Red de Solidaridad Social para un proyecto de reconstrucción de las viviendas inhabitables. Mientras la Red cierra las cuentas del año, el convenio lleva dos meses en la Alcaldía esperando la legalización por parte del alcalde.

Los paramilitares "invitan" de puerta por puerta a los habitantes del barrio Primero de Mayo a una reunión en la noche. Hace meses que no convocaron a reuniones en el barrio. A pesar de la lluvia llega mucha gente a la cancha de fútbol. Se presenta el nuevo comandante del nororiente, un hombre joven de Puerto Boyacá. Los otros paramilitares, que controlan la asistencia, son de otros barrios y de fuera de la ciudad. El comandante ofrece soluciones a los problemas que se presentaran en el sector, e informa que no permitirán más pagos de vacunas y extorsiones, ni por parte de ellos mismos. Dice que no matarán a más gente y explica que los que asesinaron, los tenían que asesinar por ser colaboradores de la insurgencia. Además anuncia la pronta apertura de una oficina en el barrio, que oficialmente se presentaría como oficina comunal.

En reemplazo del coronel Hernán Darío Moreno Veléz asume su cargo al frente del Batallón Nueva Granada el nuevo comandante coronel Lucio Javier Latorre Rojas. Lleva 28 años de servicio en el ejército y es profesional en Ciencias Militares, con especialización en seguridad y defensa nacional, y diplomado en DDHH y DIH. Este año trabajaba como jefe de DDHH de la Segunda División. En su discurso hizo énfasis en que en sus acciones respetará los DDHH.

En la semana la tasa de asesinatos por parte de paramilitares se eleva a casi uno diario.

Entre los muertos figura uno de los contratistas más conocidos de la ciudad. Con ocasión de ese asesinato se conoció que los paramilitares les exigen a los contratistas vacunas en forma del 5% del valor total de la contratación y que les obligan a que contraten a los recomendados por ellos, al igual que funcionó antes con los recomendados de la insurgencia.