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Junto con movilizaciones en otras ciudades del país los maestros organizaron una marcha para protestar contra el proyecto de Ley 012. Por el mismo motivo están en paro desde hace tres semanas. Debido a que la Ley 012 afectará al sector de la salud también, los miembros de la ANTHOC, el sindicato de los empleados de hospitales y clínicas, en el Hospital San Rafael se unieron a las protestas. Jueves 7 de junio Con ocasión del día del Paro Nacional los docentes, los empleados de salud, miembros de la USO y de otros sindicatos protestaron contra el proyecto de Ley 012 mediante una concentración en la Plazoleta Telecom. A pesar de que la participación de la población no fue masiva, la protesta fue un éxito. Dadas las condiciones actuales de Barranca, cada muestra de capacidad convocatoria y de coraje civil por parte de las organizaciones sociales y los sindicatos ya vale por si mismo. Sábado 9 de junio En la tarde varios hombres que se identifican como miembros de las autodefensas dan un ultimátum de entre una y 24 horas a unas 80 padres, en otros casos a familias enteras, en diferentes barrios de los sectores nor y surorientales. Las familias tienen en común que un hijo se encuentra en la cárcel como preso político, o sea como miembro de la guerrilla, o está combatiente activo. En la noche vienen otra vez a varias casas, no a todas, diciendo que reconsideraron el asunto, que los padres o las familias se pueden quedar y que no les pasará nada. Entre sábado y domingo varias familias se marchan de la ciudad. Se conoce el caso de una familia, pero probablemente hay más casos parecidos, que pide el apoyo de la policía para salir de la ciudad - cuando la obligación de las fuerzas públicas debería ser garantizar la seguridad de las familias para quedarse en sus casas, sus barrios. El día de los ultimátums fue bien elegido pues como se trata del fin de semana, ni la Defensoría ni la Personería, etc. están funcionando. Hablando con algunas personas afectadas, ninguna está dispuesta a denunciar oficialmente lo ocurrido, por miedo a represalias más fuertes y por desconfianza en las instituciones del Estado. Otras familias piden explícitamente que no venga ninguna organización de Derechos Humanos a su casa por temor a ser aún más señaladas. Detrás de estos datos secos se conocen historias de personas que llevan más de 20 años viviendo en el mismo barrio, que empezaron a establecerse en una chabola en un terreno invadido, que durante todos esos años invirtieron su fuerza de trabajo en mejorar su casita, viendo crecer a sus hijos, realizando sus proyectos de vida, tejiendo amistades y vecindad, y que pese a todo eso optan por irse. Las amenazas cuadran con los persistentes rumores de que un grupo combinado de las FARC y del ELN llegó a Barranca para recuperar el terreno perdido. Según las Fuerzas Públicas, los milicianos vinieron del Sur de Bolívar y empezaron con labor de inteligencia. En esta línea parece que el desplazamiento forzado de familiares de guerrilleros les quita su base como el agua al pez. Otra interpretación de lo ocurrido parte de que los rumores carecen de fundamento, que sirven más bien de pretexto para justificar la militarización de los espacios civiles y el aumento de los operativos de registro y control que afectan a la población civil en general. Asimismo les convienen a los paramilitares para presentarse como garantes de orden y seguridad y para desplazar a las familias potencialmente más críticas con ellos, o sea las que tienen un hijo vinculado de una u otra manera con la insurgencia. En las dos semanas que comprende este boletín, las Fuerzas Públicas capturaron a varios paramilitares de Barranca. Entre ellos se encuentran William Ríos, alias Jimmy, probablemente el segundo al mando de las AUC en Barranca; Oscar Augusto Otálora Vega, responsable de finanzas; José William Parra Arroyabe, responsable de inteligencia; Adriano Crespo Pérez, alias Smith, acusado de varios homicidios; Roin Rodrigo Buitrago Pradilla, alias Javier, señalado como comandante militar en Barranca; Nilson Crespo Ulloque, alias Colt y Wilfredo Osorio Gil, alias Cachete, señalados como cabecillas de las AUC en Barranca. La Fiscalía General de la Nación emitió en total 87 órdenes de captura contra paramilitares y guerrilleros que actúan en Barranca. Referente a las detenciones de los paramilitares, y tal vez con demasiada malicia, surge la pregunta si las Fuerzas Públicas los capturaron, luego de convivir tanto tiempo con ellos, por necesidad de mostrar éxitos ante la presión internacional. Otro interrogante es si no les convenía de todos modos a ellas y a los jefes detrás capturarlos debido a que ya estaban señalados. Además la mayoría de ellos tenían antecedentes en la insurgencia, así que la desconfianza a los volteados, expresada más de una vez por otros comandantes de las AUC, puede ser otro factor que facilitó las detenciones. Sea como sea, las cabecillas van a ser reemplazadas fácilmente. Para ser derrotado por esas capturas, el proyecto paramilitar ya está demasiado bien establecido en Barranca. En una reunión en el barrio 20 de Agosto, sector nororiental, los paramilitares avisan a la gente que los teléfonos, que después de tres meses empiezan a funcionar de nuevo (los paramilitares habían cortado la línea principal en todo el sector), van a ser controlados por ellos. La noticia en sí no es nada nueva, varios teléfonos están siendo chuzados ya tiempo. Lo nuevo es lo descarado con que los paramilitares lo anuncian públicamente, otro mecanismo para aislar a las personas y hacer respetar el presunto control total sobre la población.
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