Hace tres años que se iniciaron los Diálogos de Paz entre el Gobierno de Andrés Pastrana y el grupo insurgente FARC-EP, en una zona de despeje de 42.000 Km² en el sur de Colombia (Caguán) despertando la esperanza de una posible salida negociada a los conflictos que atenazan a este país desde hace más de 4 décadas. Durante los primeros años se mantuvieron diversas reuniones entre los interlocutores de ambas partes para elaborar una "Agenda Común para el Cambio" cuyo encabezamiento rezaba: Se buscará una solución política al grave conflicto social y armado que conduzca hacia una nueva Colombia, por medio de las transformaciones políticas, económicas y sociales que permitan consensos para la construcción de un nuevo Estado fundamentado en la Justicia Social...." y aseguraba: " En la medida en que se avance en la negociación, se producirán hechos de paz....".

Sin embargo, a pesar de la buena voluntad expresada sobre el papel, la realidad es que no se han conseguido avances significativos en ninguno de los 12 puntos de la agenda original; muy al contrario, en este tiempo se ha observado un empeoramiento de las condiciones de vida y de seguridad de los/as colombianos/as y una precarización de las oportunidades de futuro tanto individuales como colectivas en todo el país.

La criminalización de las protestas sociales que surgen como respuesta a la imposición de las políticas neoliberales, la contrareforma agraria, la privatización de los recursos naturales y de los servicios sociales, la injusta distribución de las riquezas nacionales, la eliminación de la oposición política, la falta de garantías judiciales y procesales, la destrucción del tejido social, la permisividad manifiesta ante la actividad de los grupos paramilitares, la corrupción institucional y el abuso de poder, son algunos de los hechos que demuestran que hace falta algo más que buenas palabras para lograr un cambio sustancial en las raíces del conflicto.

El siempre delicado estado de los diálogos de paz entre Gobierno y FARC-EP; y la inexistencia de diálogo con otras fuerzas insurgentes del país o con la sociedad civil (que no se siente representada por el Gobierno), es fruto de la falta de voluntad real de hacer cambios profundos, lo que conllevaría la eliminación de los privilegios de las élites, una participación real de la población en la conducción del país y la liberación de la injerencia estadounidense en los asuntos del estado colombiano, mientras que la situación de la ruptura en el momento actual bien podría circunscribirse en la escala de "efectos colaterales del 11 de septiembre", ya que a raíz de estos acontecimientos se han aprobado cerca de 50 millones de dólares para aumentar el seguimiento y trabajo de inteligencia sobre los grupos guerrilleros, así como utilizar, ya de forma abierta, a las unidades antinarcótico y la financiación del Plan Colombia para la lucha contrainsurgente amparados por la "doctrina de defensa" que actualmente esta en vigor en las leyes estadounidenses y por la nueva estrategia de lucha mundial antiterrorista.

Los diversos planes, Plan Colombia, Iniciativa Andina, Plan Puebla- Panamá, son la aplicación mediante la militarización, de las políticas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Son también, la punta de lanza del nuevo proyecto hegemonista de EEUU en la región: la creación de una zona de libre intercambio en toda América, desde Alaska hasta la Patagonia (ALCA), que es en realidad un plan para la anexión, por la vía comercial de todo el continente americano por parte de EEUU. La UE rechaza públicamente el Plan Colombia, pero entrega generosos apoyos económicos al gobierno colombiano por el mismo canal que este utiliza para administrar el Plan Colombia; al tiempo que ejecuta una política económica de recolonización del área mediante sus empresas, apropiándose de la explotación de los recursos naturales y la gestión de los servicios básicos.

El Gobierno de Pastrana pide a las FARC-EP que acepten la medidas de control en la zona periférica del Cagúan y se establezcan plazos concretos de discusión sobre el secuestro de personas, los ataques contra la población civil y la destrucción de infraestructuras, manifestando su voluntad de continuar con los diálogos si la insurgercia demuestra un "cambio de actitud". Las FARC-EP, por su parte, insisten en que ellos no se han levantado de la mesa de negociación y piden al Gobierno que cesen lo sobrevuelos sobre la zona de despeje, que se eliminen los retenes militares y paramilitares que cercan la zona y que impiden el paso a ciudadanos extranjeros y población colombiana, así como una aclaración oficial sobre el calificativo de "grupo terrorista" con el que los ha definido el gobierno de los EEUU. En ese mismo comunicado reiteran su voluntad de continuar los diálogos aceptando la ayuda de personalidades y organismos internacionales para salvar el proceso.

No parecen exigencias muy difíciles de alcanzar si se compara con la ardua tarea de dotar de contenido los puntos de la Agenda Común para el Cambio, por lo que quizás sea éste el verdadero motivo de la ruptura, no llegar nunca al verdadero ojo del huracán, ya que estos cambios, de lograrse, supondrían un verdadero revulsivo para otros países de la región Andina y del resto del mundo y frustrarían los planes de EEUU para la zona, frenando la carrera hacia su hegemonía mundial.

A pesar de todo ello, abogamos por una salida negociada como la solución más sensata al conflicto armado y social que vive Colombia, haciendo hincapié en que, mientras duran las conversaciones, se debe dar máxima prioridad a la salvaguarda de los derechos humanos y al cumplimiento de las recomendaciones que en esa materia ha elaborado Naciones Unidas, sobretodo en lo que respecta al desmantelamiento de los grupos paramilitares, la depuración de las Fuerzas Armadas y a la necesidad de una justicia efectiva que elimine la impunidad. Las partes en diálogo deben asumir la necesidad de realizar profundas reformas estructurales que sirvan de base para construir un país nuevo, basado en la justicia social y en el respecto por los derechos humanos, sociales, políticos, económicos y medioambientales de todo el pueblo colombiano.

Enero de 2002

SODEPAU

CEDSALA

XARXANETA