TIO Sur de Bolivar Edgar Quiroga y Gildardo Fuentes Contra la impunidad Colombia Clama Justicia
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MINERIA PARA LA MISERIA Y EL GENOCIDIO. INTRODUCCIÓN La compleja distribución de
la riqueza de las naciones, el particular desarrollo de estos y la situación
geográfica y política de las naciones denominados del tercer
mundo, ha incidido en el nacimiento de las democracias, la vigencia y el
respeto de los derechos humanos en estas regiones. Estados Unidos a jugado
una papel fundamental en la desestabilización de América
y en especial de Colombia. Desde aquel zarpazo que nos arrebato a Panamá
en 1.903, luego la masacre de las bananeras en 1928, el asesinato de Jorge
Elíecer Gaitán en 1948 y el posterior derramamiento de sangre
que cegó la vida a mas de medio millón de personas, la incursión
de asesores gringos en los proyectos de contrainsurgencia y la Implementación
del plan laso en 1964, el adiestramiento de oficiales colombianos en la
Escuela de las Américas que posteriormente implementan los grupos
paramilitares, el desarrollo de una política antidrogas que no toca
los carteles norteamericanos que se lucran con el 80% de las ganancias
del trafico de estupefacientes, hasta la amenaza de invasión, resumen
la particular manera de “ proteger la democracia mas antigua de América
Latina”. Esto por supuesto se refleja en la vigencia y el respeto de los
derechos humanos en Colombia. Los gobiernos norteamericanos se han aliado
con las oligarquías criollas para poder desarrollar estrategias
económicas que permiten sostener el proceso de acumulación
y de paso marginar a la mayoría de la población de los frutos
de la riqueza nacional; esto por su puesto produce no solo violación
a los derechos económicos, sociales y culturales de la población,
sino que también afecta los derechos políticos de la mayoría
marginada.
El sur de Bolívar esta ubicado hacia el centro de Colombia y posee alrededor de la mitad de la población de este norteño Departamento, es bañado por el río Magdalena y ha sido zona de permanentes conflictos sociales. El sur de Bolívar produce la mitad del oro que genera el país, y Río viejo era antes de las incursiones paramilitares la población con mayor producción, por encima de las poblaciones antioqueñas tradicionalmente las mas productoras. Mineros procedentes de diferentes zonas de la República que huían de la “violencia”2 se asentaron en la serranía de San Lucas, al Sur del departamento de Bolívar a explotar de manera artesanal los yacimientos de oro. Paralelo a esto una familia apellidada Riera Palacios, pretendía unas minas ubicadas “en cercanías del municipio de Simití ”, no cumplían ni siquiera con la ubicación geográfica de dichas minas, no poseían titulo de la corona española, nunca habían metido siquiera un pie a la mina y no tenían sentencia del contencioso administrativo que avalara la propiedad privada de estas “minas”, elementos estos que exige la legislación colombiana para reconocer dicha propiedad privada; siempre alegaron problemas de orden publico en la zona (antes de 1970) para no iniciar trabajos de exploración o explotación, pero en el momento que se iniciaba la mas criminal acción paramilitar sobre esos humildes mineros, si solicitan al Ministerio de Minas una “conciliación” con los reales propietarios. Pero lo que se escondía detrás de esta propuesta era una muy bien montada estrategia para quitarles su medio de subsistencia; una abogada de la transnacional minera CORONA GOLDFIELS, (subsidiaria de la norteamericana CONQUISTADOR MINES), que se había constituido en la apoderada de dicha familia, creo ~ una empresa denominada MINERA SAN LUCAS LTDA en compañía de un ciudadano norteamericano llamado JAMES DAVID GREEMBAUM (posible miembros de la CORONA GOLDFIELS) para contratar la explotación de esas “supuestas minas” y firman un contrato con los Illera Palacio, a sabiendas que existía ya desde 1994 una solicitud de los mineros de hecho para que se legalizaran estas minas de oro y esta debía ser concedida por el Ministerio de Minas ~. No contenta con esta situación, dicha abogada se hace contratar por el Ministro de Minas RODRIGO VILLAMIZAR AL VAR-GONZALEZ 6, para elaborar el nuevo proyecto de Código de Minas y en el introduce un articulo (el 29) que pretende reconocer la propiedad de una mina al que primero presente la solicitud, en este caso la empresa que previamente habían constituido los representantes de la norteamericana CONQUISTADOR MINES; además de este articulo introduce otros que garantizan el no pago de impuestos por la importación de maquinarias y equipos (artículo 184) para las compañías transnacionales, la no aplicación de la legislación ambiental que protege los recursos naturales7 y pone en peligro la existencia de las comunidades indígena y negra (artículo 105). La Comisión Quinta de la Cámara de Representantes agrega después a la propuesta inicial, el artículo 128 “Programa de sustitución económica. Cuyo objeto es apoyar a los pequeños mineros desplazados de sus actividades mineras”, con ello cerraban el mas macabro circulo alrededor de unos humildes mineros, que no poseen sino su vida y unos pocos elementos con los que sobreviven en precarias condiciones. La citada familia había enviado el 3 de marzo de 1997 una carta (desde el fax de la CORONA GOLDFIELS) en la que planteaba “que no estaban interesados en patrocinar o colaborar con grupos paramilitares o fuerzas extrañas”; tres meses después se inicia la operación paramilitar que se toma al pueblo mas productor de oro, el municipio de Río Viejo, donde asesinan un poblador cortándole la cabeza, jugando con ella, plantándola en una estaca en dirección de la Serranía de San Lucas y expresándole a la población que se dirigían hacia la Sierra, a sacar a los mineros porque estos colaboraban con la guerrilla, que las ACCU iniciaban su presencia para garantizar la entrada de las transnacionales, que si daban empleo, generaban desarrollo y pagaban impuestos al estado. El 20 julio de este año y después de una conferencia en la Ciudad de Cartagena donde se denunciaron estos hechos, es asesinado el Vicepresidente de ASOAGROSMISBOL8, Orlando Caamaño en la ciudad de Aguachica (Cesar). Posteriormente se acentúa la operación paramilitar a varias poblaciones con presencia de mineros a saber: San Pablo, Simití, Santa Rosa del Sur, Pueblito Mejía, Tiquisio, San Blas, Monterrey, Puerto Rico, La Pacha, Morales, Moralito y Arenal. En estas operaciones que han contado con la abierta colaboración de hombres y logística de las Fuerzas Militares (Batallón Nariño) y de Policía (comandos y estaciones de la zona), han destruido pueblos, saqueado e incendiado 689 viviendas y dos alcaldías, han hurtado y saqueado a 7 poblaciones enteras, masacrado a mas de 100 personas, violando mujeres y hombres, desmembrando y decapitado cuerpos de niños y ancianos y provocado el desplazamiento de mas de 20.000 habitantes de la región. Los militares ~ que han estado al mando de estas operaciones han sido entrenados en la Escuela de las Américas, que además de darles adiestramiento los capacita para defender los intereses de las transnacionales tal y como ha ocurrido con las compañías TEXAS PETROLEUM COMPANY y B.P. Vale la pena resaltar aquí, que estas operaciones paramilitares se han desarrollado a la par de procesos legislativos que buscan legalizar las situaciones de hecho generadas por el accionar de estos grupos, es decir desplazamiento forzado de mineros y creación de una nueva legalidad que favorece ampliamente a compañías norteamericanas, con el agravante que quienes están acusados de montar, sostener y apoyar la avanzada paramilitar gozan de una enorme impunidad, que los hace intocables ante cualquier autoridad nacional. Estos hechos generaron un éxodo
masivo de campesinos, mineros y habitantes de estas poblaciones y de las
zonas adyacentes, es decir el Magdalena Medio, hacia la capital de la República
(a la sede de la Embajada Norteamericana) y hacia la población de
Barrancabermeja; luego de un desplazamiento lleno de represión,
marginamiento y hacinamiento, el gobierno de Andrés Pastrana Arango
firma un acuerdo con los representantes del éxodo el 4 de Octubre
de 1998 donde se compromete a dar ayudas, a realizar inversión social,
a proteger a los desplazados, a combatir a los grupos paramilitares y a
procesar penalmente a sus agentes que hayan tenido alguna connivencia con
los paramilitares. Todo ello ha parado en la absoluta impunidad, no se
ha procesado a los culpables a pesar de los testigos y las pruebas aportadas
en su momento y con la legalidad necesaria, la situación persiste
extendiéndose a otras zonas mineras del país, objeto de mega-proyectos
mineros.
Estos mismos procesos de violencia se desarrollan en proyectos mineros de oro ubicados en otras zonas geográficas como Taraira - La Pedrera en el Vaupés, la Serranía del Naquén en Guainía, regiones estas pobladas de comunidades indígenas y donde no existe presencia de la insurgencia. Otros proyectos como Río Sucio - Atrato, en Antioquía (Pavarandó, Mutatá y Pavarandocito) y San Juan del Chocó donde las comunidades han tenido que desplazarse hacia Panamá, por ser víctimas de operaciones paramilitares que han desplazado a la población nativa de la zona, en aras de garantizar la entrada de multinacionales que van a desarrollar potenciales proyectos mineros. Similar situación ocurre alrededor de los valles del río Magdalena y el Cauca, donde se explota petróleo y en la zona de la Gabarra y Tibú donde existen importantes yacimientos de Carbón. Las transnacionales que además
de las ya citadas hacen presencia estas zonas son: Exploradora La Esperanza,
subsidiaria de la Canadiense Sur American Gold Corporation, la también
canadiense Greestone, la Midas, la Normandy, la Minera Archangel S.A. y
el Gobierno de los EE.UU., que por medio de su Secretario de Energía
anuncio que para respaldar la inversión minera norteamericana, triplicaría
la “ayuda” militar al gobierno colombiano.
Lo que arriba hemos descrito demuestra
que los colombianos no somos una “raza violenta” como lo dicen a gritos
algunos medios de comunicación, que pagados por los verdaderos responsables
de la violencia colombiana, pregonan a medio mundo esta falsedad. Nuestra
“maldición es poseer enormes recursos naturales y estar en una posición
geopolítica definitiva para los planes de las multinacionales, por
ello a ellas y a los gobiernos Norteamericano, Europeo y Canadiense les
exigimos cesen su intervención política y económica
en la guerra y les conminamos a que en las zonas donde hagan inversiones
garanticen, junto al estado colombiano, la vida, la honra, los bienes y
el bienestar mínimo a los humildes pobladores que están en
las zona de influencia de mega-proyectos mineros; mucho más ahora
que abogados de multinacionales petroleras han elaborado una nueva propuesta
de Código de Minas, que amenaza la soberanía nacional, los
recursos naturales y la vida de Mineros, campesinos, indígenas y
negros.
Santafé de Bogotá,
Noviembre 22 de 1999.
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